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20
Marzo

El unánime rechazo a la orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba) evidencia el grave error de cálculo de la Casa Blanca al adoptar esta “agresiva, arbitraria e infundada” decisión.

Así la calificó el presidente cubano Raúl Castro en su discurso ante la cumbre extraordinaria del Alba celebrada en Caracas el 17 de marzo, tres días después de la reunión de cancilleres de Unasur.

Ambas agrupaciones pidieron a Obama en términos inequívocos la derogación de su orden ejecutiva, una manifestación de rechazo explícito sin precedente de gran parte de América Latina y el Caribe (ALC) a una agresión de Washington contra la región. A este respecto, el trascendental discurso del mandatario cubano contextualizó diáfanamente el momento que viven ALC: “Hoy Venezuela no está sola, ni nuestra región es la misma de hace 20 años. No toleraremos que se vulnere la soberanía o se quebrante impunemente la paz en la región.

Como hemos afirmado, las amenazas contra la paz y la estabilidad en Venezuela representan también amenazas contra la estabilidad y la paz regionales”.

Si alguien pensaba que Cuba, por haber iniciado el camino hacia el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos iba a callar ante un atropello como el que se está llevando a cabo contra la hermana Venezuela o a arriar una sola de sus banderas se equivocó. He aquí la posición de la isla revolucionaria, de nuevo en boca de Raúl: “Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible.

Tampoco cederemos ni un ápice en la defensa de la soberanía e independencia, ni toleraremos ningún tipo de injerencia, ni condicionamiento en nuestros asuntos internos. No cejaremos en la defensa de las causas justas en Nuestra América y en el mundo, ni dejaremos nunca solos a nuestros hermanos de lucha. Hemos venido aquí a cerrar filas con Venezuela y con el ALBA y a ratificar que los principios no son negociables”.

Esta es la Cuba digna de siempre, con la que Obama tendrá que lidiar dentro de unos días en la persona de Raúl Castro cuando ambos se encuentren frente a frente en la Cumbre de las Américas de Panamá. Fue una decisión inteligente del mandatario estadunidense iniciar el proceso hacia el restablecimiento de relaciones con Cuba y flexibilizar ligeramente el bloqueo ante la proximidad de la cumbre pues la participación de La Habana y el levantamiento de la medida de fuerza había sido un clamor general en la anterior cita de Cartagena. Allí el rechazo a la política de Estados Unidos fue tal que no hubo siquiera declaración final.

Esa decisión le habría permitido a Obama no llegar a la reunión de presidentes con las manos vacías después de dos mandatos en que América Latina y el Caribe no vieron por ninguna parte el “nuevo comienzo” en su política hacia la región, que prometió acabado de llegar a la presidencia, en la cumbre de Trinidad y Tobago. Pero pensar que podía llevarse a cabo el acercamiento a Cuba afirmando constantemente que lo que cambia son sus procedimientos pero no su objetivo –desestabilizador se entiende-, agredir a la vez a Venezuela y desestabilizar a Argentina y Brasil sin que la isla levantara su voz solidaria y condenara al imperialismo por su nombre era no conocer de qué madera está hecha la dirección revolucionaria cubana.

El error cometido por la Casa Blanca colocará al presidente de Estados Unidos en una posición muy complicada en la cumbre. No solo todo hace pensar que no habrá logrado para entonces restablecer relaciones con Cuba ni abrir una embajada en La Habana como es su cara aspiración. Tendrá además que escuchar una lluvia de censuras por su actitud intervencionista y antidemocrática en Venezuela, donde Washington es el jefe de la contrarrevolución y llega al colmo de asignar partidas presupuestarias a la oposición golpista.

Si Estados Unidos tuviera por una vez la humildad de admitir su arrogancia y los errores a que lo conduce puede perfectamente solucionar el diferendo con Venezuela mediante el diálogo. Pese a la gravedad de la agresión en marcha el presidente Nicolás Maduro le ha tendido la mano para solucionar las diferencias mediante el diálogo.

17
Marzo

La consecuencia del desafío a la ley de gravedad social, no solo se expresa en Venezuela, sino también en Brasil. En el primer caso al impulsar una revolución por vía democrática. En el segundo, al aplicar un ambicioso programa de reformas sociales dentro de una economía neoliberal.

Mientras en Venezuela la oposición acorrala al gobierno revolucionario reduciendo el espacio de legalidad constitucional, en Brasil aparece un nuevo fenómeno social, con un intento de la “sociedad civil” de sustituir al partido de oposición.

El pasado domingo más de un millón de personas se manifestaron en todo Brasil, en protestas por el escándalo de corrupción de la empresa Petrobras, que involucra a empresas constructoras brasileñas acusadas de repartirse las obras de la empresa estatal, y a más de 50 políticos, en su mayoría congresistas, que habrían recibido sobornos para favorecer los privilegiados contratos.

Las manifestaciones responsabilizan al gobierno por la corrupción, por ser el principal accionista de Petrobas, y a la presidenta socialista, Dilma Rousseff, que fuera anteriormente ministra de Energías.

Las protestas fueron convocadas por un mosaico de grupos sociales de tendencia anti-partidos a través de Facebook y Whatsapp, repitiendo la metodología de la “primavera árabe”, entre los que se encuentran, Vem para Rua (Ven a la calle), Movimiento Brasil Libre (MBL), Revoltados Online (Enojados Online) y el Grupo Pro-militar. Sus consignas van desde la renuncia de la presidenta Rousseff hasta el regreso a la dictadura.

Mientras tanto, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor, liderado por el ex candidato presidencial Aécio Neves, y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, ambos representantes de la economía neoliberal, se han mantenido al margen de las manifestaciones, sacando partido al desgaste de la presidenta y del Partido de los Trabajadores (PT).

Al comienzo del segundo mandato de Rousseff iniciado en octubre del pasado año, el novedoso “pacto social” que impulsa el PT desde la elección presidencial de Luiz Inácio Lula de Silva en octubre de 2002, comenzó a dar las primeras señales de su condición antinatura. A pesar de las denuncias de corrupción en Petrobas, Rousseff postergó más de un mes aceptar la renuncia de su presidenta, Graca Foster, así como el anuncio de un paquete de medidas anticorrupción prometido.

La invitación de Rousseff a la oposición para construir un “puente” en su segundo mandato, no se concretó y se ha criticado su torpeza en las relaciones políticas incluyendo a sus aliados, que ha ocasionado reveces a la presidenta en las votaciones del Congreso, contribuyendo al aislamiento político.

A pesar de su firme posición de campaña contra una “política de choque”, Rousseff se ha visto obligada a realizar un ajuste económico en medio de una creciente inflación y devaluación de la moneda brasileña, situación que ha causado la reducción del apoyo popular.

Entre las exigencias de los manifestantes del pasado domingo, se destaca la petición de un juicio político contra la presidenta que podría llevar a su destitución por el Congreso, lo que sugiere una versión brasilera de los golpes de Estado “constitucionales” aplicados por la ultraderecha en Honduras y Paraguay, y que desde hace meses intentan infructuosamente en Venezuela. Sin embargo para ello, sería necesaria la existencia de pruebas directas de corrupción contra Rousseff.

15
Marzo

¿A partir de qué prerrogativas Washington se permite intervenir en los procesos revolucionarios emprendidos por pueblos de otras naciones en ejercicio de las soberanías que ostentan en virtud de normas universalmente reconocidas del derecho internacional?
¿En virtud de cuales normas y principios del Derecho Internacional Washington se atribuye la potestad de disponer las nuevas sanciones contra el gobierno soberano de Nicolás Maduro?
A fines del siglo XVIII, los ideólogos fundadores del imperialismo norteamericano desarrollaron los principios del “destino manifiesto”, una concepción que atribuía a Estados Unidos la supuesta misión especial de llevar su sistema de organización económica, social y política, primero, a toda Norteamérica y, posteriormente, a todo el hemisferio occidental.
La expansión interna, al oeste, se completó a fines del Siglo XIX por medio del exterminio de prácticamente toda la población autóctona asentada desde tiempos atávicos en esos territorios y el despojo a los vecinos mexicanos de casi la mitad de su territorio mediante una guerra declarada por el presidente Polk en 1848 que les propició anexarse Texas, California y Nuevo México, espacios considerados como indispensables para la realización de su “destino manifiesto” como nación.
En 1823, el presidente James Monroe había pronunciado la doctrina de “América para los americanos”, que la historia conoce como la unilateral Doctrina Monroe, según la cual toda interferencia por cualquier potencia europea en las emergentes repúblicas latinoamericanas sería considerada un acto inamistoso contra los propios Estados Unidos. En virtud de tal doctrina, su gobierno se atribuía la facultad de “proteger a la región”, una declaración de paternalismo defensivo hacia el resto del hemisferio que pronto dejó ver su naturaleza expansionista.
Sin embargo, esta vocación de crecimiento territorial no era más que el revestimiento de la esencia imperialista que anidaba en Estados Unidos y que llegaría a convertir a esa nación en la más poderosa superpotencia mundial.
Ninguna de estas unilaterales políticas hegemónicas hubo de insertarse en el derecho internacional como norma formalmente aceptada por la comunidad de naciones del continente, lo cual no obstó para que Washington emprendiera a su tenor acciones que le califican como el máximo depredador del mundo contemporáneo.
Desde que en 1890 tuvieron lugar la masacre de 300 aborígenes en Wounded Knee -en el oeste norteamericano- y una intervención militar en Buenos Aires, Argentina, hasta nuestros días, los historiadores han registrado más de 120 intervenciones con tropas llevadas a cabo por Estados Unidos en todos los continentes. Esta cifra no incluye un considerable número de operaciones desestabilizadoras encubiertas con parecidos resultados.
Según el escritor y politólogo norteamericano William Blum, desde que en 1945 concluyó la segunda guerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos de América ha participado militarmente en el derrocamiento de cuarenta gobiernos extranjeros en el continente con los que no simpatizaba, además de aplastar a treinta movimientos revolucionarios que luchaban contra regímenes rechazados por sus pueblos pero afines Washington.
Al ejecutar esas acciones, Estados Unidos bombardeó 25 países, causó la muerte a millones de personas y condenó a la miseria y la desesperanza a muchos millones más.
Lo que no logra registrar la historia son aquellos éxitos de Washington en los que han bastado las amenazas, las presiones y las mentiras para lograr la traición de sectores vinculados a los intereses de las oligarquías nacionales, la quiebra de la unidad de las fuerzas revolucionarias o el desánimo en las propias filas de los movimientos derivado de errores al enfrentar las maniobras y campañas enemigas, todo lo cual provoca amargura y frustración en los pueblos.
El desarrollo de los acontecimientos políticos recientes en nuestra América, en particular tras la orden ejecutiva de la Casa Blanca que declaró una “emergencia nacional” en Estados Unidos por la amenaza “inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional que representa el proceso revolucionario que tiene lugar en Venezuela, muestra que las fuerzas revolucionarias y progresistas en la región ya son capaces de asumir, a base de la unidad de sus filas y mucha serenidad, el enfrentamiento a las presiones, trampas y maniobras del imperio.
A pocos días de iniciarse en Panamá la Cumbre de las Américas, cuya realización se vio amenazada por la firmeza de la unidad mostrada por los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, exigentes del respeto al derecho de Cuba a tomar parte en el cónclave frente a la insistencia imperial por impedirlo, Washington pone nuevamente a prueba la solidaridad latinoamericana y caribeña con esta burda amenaza contra Venezuela.

11
Marzo

La crisis de corrupción, inseguridad, violaciones a los Derechos Humanos y conflicto de interés no ha convertido a México en un Estado fallido, sino en un Estado “esquizofrénico” en el que funcionarios y jueces ganan salarios equiparables a los de importantes empresarios de Suiza, pero con resultados de naciones como Sudán. Así lo consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
Entrevistado para analizar el momento en el que se encuentra el país, Buscaglia, quien de 1990 a la fecha ha trabajado como asesor de reformas judiciales, combate/prevención del delito organizado y corrupción en al menos 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente, aseguró que técnicamente México es un país con un “colapso de gobernabilidad” en el que las instituciones existen, pero se han visto corrompidas y rebasadas por la penetración del crimen organizado, la debilidad para establecer controles financieros y una sociedad civil que en cierta medida también “ha sido comprada” por el Gobierno.
De acuerdo con información disponible sobre los sueldos de los funcionarios públicos en México, tan sólo un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) percibía el año pasado 316 mil 442 pesos, mientras que un magistrado del máximo tribunal estadounidense ganaba el equivalente a 280 mil 500 pesos. Mientras que para el 2015, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la la Nación (SCJN) serán de entre 6 y 4 millones de pesos en el año.
A juicio de Buscaglia, la falta de controles también se extiende a los candidatos, pues ante la falta de mecanismos legítimos para elegirlos, para cualquier persona el pasar de criminal a político “es un juego de niños”.

 

La sociedad civil adormecida

 

– ¿Qué tan grave considera que es la crisis actual en México?

– México está viviendo una crisis que desde hace varios años va empeorando. En un país promedio de América Latina, como hacen Bolivia, Argentina o Brasil, la sociedad civil ya se hubiera organizado y hubiera paralizado al país, porque no hay tanto dinero del Gobierno hacia la sociedad civil para mantenerla adormecida. México tiene esa combinación de terror y flujos patrimoniales de corrupción hacia lo político y hacia la sociedad civil que son improcedentes en América Latina, lo que adormece a la sociedad civil.

 

– ¿Esta situación agrava problemas como la corrupción y el Estado de Derecho?

– Las autoridades están tratando de resolverlo todo con detenciones gestionadas, mediáticas y están tratando de generar chispazos. Todo es mediático para esta gente. Viven bajo la convicción de que la imagen que ellos venden a través de sus firmas consultoras determinan la realidad. Es una postura cínica la que tienen.

 

– Desde el tema “Casa blanca” parece que hubo un divorcio entre los mexicanos y el Gobierno, ¿esto se ha ido agravando?

– Los indicadores de gobernabilidad como el del Global Financial Integrity Report (Reporte Global de Integridad Financiera) ya colocan a México entre los países con mayores colapsos de gobernabilidad dentro de los Estados medianamente funcionales y eso dice mucho. En México hay cantidades cuantiosas de dinero comprando a la sociedad civil continuamente, intentado reparar daños extrajudicialmente. Las víctimas acuden a la prensa para adquirir un alto perfil mediático y que no las puedan asesinar. En un país con tanto flujo de dinero donde tienes a los ministros de la Suprema Corte mejor pagados del planeta, ganando más de 50 mil dólares al mes, diputados y senadores ganando sueldos de empresarios poderosos europeos y sociedad civil de amigos recibiendo cifras cuantiosas, la sociedad no reacciona y no genera los cambios que queremos que se generen.

 

– ¿Pero a quién se refiere a esa sociedad civil comprada: a las ONGs, las AC, los famosos think tanks…?

– Debo decir que hay brotes de sociedad civil en México muy valiosos que no sólo se limitan a Alejandro Solalinde: hay ciertos brotes que comparados hace 20 años dan esperanza de que se van a poder multiplicar, pero lamentablemente la corrupción y el terror mantiene a la sociedad civil fragmentada y las mafias políticas se aprovechan de esta fragmentación y se mantiene en el poder, sea cual sea la crisis. Estamos en un momento de inflexión en la historia mexicana, pero lamentablemente cuanto más dinero colocan los peñas nieto y los calderones para silenciar a la sociedad civil con contratos, con donaciones, la reparación de daños de manera extra judicial, como lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón [el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal] y Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR), para callar conciencias con dinero, más tardará en aterrizar ese punto de inflexión en transformarse en un proceso de reforma, como el que todos esperamos. Las reformas que requieren los mexicanos para cubrir sus vacíos de Estado y acabar con la impunidad de las mafias políticas debía aplicarse a través de organizaciones serias.

 

– Esa ha sido una lucha de años ¿qué tan fuerte es ahora la presión para aplicar esta transformación?


– Las resistencias para aplicar estas medidas son fuertes. Un ejemplo concreto: es obvio para cualquier persona que trabaja en países medianamente gobernables que la penetración de dinero sucio en campañas electorales o precampañas, donde un candidato promedio tiene aproximadamente el 90 por ciento de sus recursos financiados con recurso ilícitos, la solución pasa por tener una especie de auditorías de Estado y auditorías sociales, eso es algo que Brasil y Paraguay pusieron en práctica. Cuando yo expuse esto ante senadores y sociedad civil en México, los senadores se quedaron callados y la sociedad civil se dejó comprar para hacer análisis de declaraciones patrimoniales que es toda una simulación, porque no te van a llevar a desmantelar ningún tipo de flujo ilícito de las campañas electorales.

 

– Le vuelvo a insistir, ¿a qué sociedad civil es a la que se está comprando?

– La sociedad civil mexicana a través de contratos cuantiosos se deja comprar, algunos de buena fe, otros no, y eso está retrasando la implementación de acciones. Los recursos presupuestales públicos y privados destinados a comprar a la sociedad civil son hasta 30 veces mayores a los que yo veo en Argentina. Es difícil que esos movimientos de cambio se puedan fortalecer.

 

– Dice que México está entre los países con colapsos de gobernabilidad, ¿cuáles son los síntomas de que un país que está en ese momento?

– Uno es la impunidad. Hay más de un 98 por ciento de impunidad de todos los delitos que se generan anualmente. Las encuestas de victimología te dan una cantidad de los que llegan a una sentencia final condenatoria del menos del 2 por ciento. Es un país con un sistema judicial de Estado fallido, a pesar de que sus jueces están ganando salarios superiores a los de Suiza. Hay una esquizofrenia institucional, por un lado tienes a jueces que ganan más que los ministros suizos y por otro lado tienes un desempeño judicial igual al de Sudán. Es una situación clara de colapso.
Por otro lado están los controles patrimoniales, en donde los cabecillas del crimen de México se ubican en la oficina de control de activos extranjeros de la Oficina del Tesoro en Estados Unidos vinculados a redes criminales y en México están pagando impuestos y operando normalmente. Tienen un problema obsceno de controles patrimoniales qué sólo se explica a través de un pacto político de impunidad. Tienes un vacío de controles patrimoniales ilícitos que hace de México uno de las cinco economías más ilícitas del planeta.

 

– ¿Qué otras características hacen de México un país con colapso de gobernabilidad?

– En un país donde existe la combinación venenosa de un vacío judicial y vacíos de control patrimonial y lo transforma un paraíso fiscal para la delincuencia organizada patrimonial. Se instala a través de inversiones y dinero sucio con más impunidad que en las Islas Caimán. México es un país de bajo costo para al delincuencia organizada.
El día que empiecen a combatir en serio a la delincuencia organizada se van a dar cuenta de que hay grupos de Brasil, Japón, de la India… operando en México, que mantienen un perfil más silencioso que “Los Zetas” y “Los Caballeros Templarios”, porque actúan de manera muy discreta y sólo se dedican a hacer sus negocios. Por otro lado está la corrupción político electoral donde existe un control de quien entra o no a las listas, elaboradas por los caciques de cada partido. Es un juego de niños para un delincuente transformarse en político de la noche a la mañana; este es un sistema de la listas cerradas que están elaboradas por chuchos, peñas nietos y con tres o cuatro personas que no están sujetos a ningún tipo de proceso y ahí tienes un vacío de controles electorales y no tengo nada que decir del INE [Instituto Nacional Electoral] que está más desprestigiado que “El Chapo” Guzmán.

 

– El tema de la sociedad civil fragmentada, ¿también hace de México un país con problemas de gobernabilidad?

– México tiene asignaciones presupuestarias hacia la sociedad civil y es muy fácil entender por qué está fragmentada. Hay una vasta cantidad de sociedad civil que está comprada a través de contratos o proyectos, y si vas y les preguntas te van a decir que están haciendo algo, pero la cuestión es cómo acceden a esos recursos del gobierno. Por eso llama la atención que la sociedad civil esté tan adormecida. Hay organizaciones se ven muy bonitas desde papel pero hay mucha compra de voluntades. A veces se acercan a mí a pedirme consejos fuera de grabadoras porque saben que si se acercan a mí les quitan los contratos. Les pagan cifras que son de ciencia ficción. Cuando le cuento a sociedades civiles de Argentina, como las madres de la Plaza de Mayo, que en México se pagan 5 mil euros para dar conferencia, se quedan callados y piensan que es un chiste. Los movimientos de víctimas los fragmentan con dinero, eso que pasó en el News Divine –caso en el que fallecieron 12 personas durante un operativo policial en la capital del país en 2008– yo vi de cerca cómo a través de manera extrajudicial compraban a la gente, es un modus operandi de los gobiernos que de alguna manera neutralizan los controles de prevención social que es el cuarto punto de un país con problemas de gobernabilidad al que yo me quería referir.

 

– ¿Cómo era esta entrega de recursos del News Divine?

– Hay un decreto de Marcelo Ebrard –el Jefe de Gobierno en aquella época– que le asigna a un funcionario que implementó el arreglo extrajudicial. Yo no quiero atacar ni al PRI [Partido Revolucionario Institucional] ni al PRD [Partido de la Revolución Democrática] porque sucede igualmente en la PGR con casos como los estudiantes de Iguala que han intentado comprar a las familias a través de una funcionaria de apellido Limón [Lía Limón, ex subsecretaria de Gobernación] que hacía eso. En el caso del News Divine yo estaba muy cercana a las familias. Lo que quiero decir es que cuando las víctimas no se pueden integrar a un movimiento eso te retasa el gran movimiento de prevención social que tuvimos en Italia, Colombia… que explica por qué esos países implementaron las mejores prácticas. En México hay controles judiciales retrasados y de prevención social retrasados.

 

– ¿Cuál las diferencia entre un país con problemas de gobernabilidad y un Estado fallido?

– Un país con problemas de gobernabilidad tiene instituciones funcionales. Tienes problemas de transparencia, de rendición de cuentas, pero tienes una policía operando; entonces hay gravísimos problemas, pero la institución mal o bien funciona. En temas de seguridad, el Estado mexicano es un Estado débil, con instituciones judiciales colapsadas o casi colapsadas, pero existen. Los jueces están cobrando sus salarios. México tienen un estado débil pero con presupuesto de países súper desarrollados. Un Estado fallido es cuando se producen vacíos de Estado. La institución desaparece, ya sea que se fragmenta como sucedió en Yugoslavia en los 90. México no es Estado fallido, pero tiene bolsones territoriales de Estado fallido como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, porque el Estado ya fue cooptado por los grupos criminales. En el caso de Michoacán, el mismo Presidente Peña Nieto reconoció que era Estado fallido. Es un Estado esquizofrénico con pedazos de Suiza, Somalia y Sudán. En el tema de seguridad, que es donde hay más corrupción, desafíos a los estados ilícitos mexicanos. La delincuencia organizada se dedica a traficar bienes legales, como los productos farmacéuticos; se dedican a cientos de negocios que no han sido identificados y han sido una enorme caricatura.

 

– ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para recomponer el Estado mexicano?

– México salió después de más 70 años de un partido único de Estado y lo sociedad civil desarrolló los instintos. Había embajadores como [Jesús] Silva Herzog que el comprar voluntades lo llamaba “la diplomacia a la mexicana”. La sociedad mexicana no se desprendió de ese virus que sigue estando. Aunque no se consideren priístas, la sociedad civil mexicana sigue siendo priísta en muchos sentidos porque siguen esperando que el Estado financie sus actividades, lo ve como una obligación. Eso retrasa el acabar con la cultura de impunidad.