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30
Marzo

¿Tienen unos Estados, Unidos o Desunidos, el derecho a imponerles a otros Estados qué hacer o qué no hacer bajo la amenaza de “torcerles el brazo”? ¿En qué condición está el país que perpetra tales actos? Demos una mirada a las normas fundamentales del Derecho Internacional, tan olvidadas en estos días.

 

En su artículo 1, la Carta de la ONU pauta que “Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”(Todas las cursivas nuestras). Bien claro es el instrumento: la Organización tiene por fin “prevenir y eliminar amenazas a la paz”, tales como la declaración hostil de una superpotencia guerrerista contra un país pacífico. Asimismo, fomenta relaciones de amistad basadas en “el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”. Vale decir: ningún Estado tiene más derechos que otro, ni puede oponerse a que otro resuelva libremente sus cuestiones internas.

 

Sigamos con la parte operativa. Dispone el artículo 2 que “Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”. Igualdad soberana quiere decir que todos los Estados tienen idéntico derecho a darse leyes, aplicarlas, interpretarlas y resolver sus cuestiones internas sin injerencias externas. Por si no estuviera claro, dispone el parágrafo 4 del mencionado artículo 2 que: “4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. La independencia política es el pleno uso de la soberanía. Ningún país tiene derecho a pretender interferir en los asuntos internos de Venezuela.

 

La igualdad soberana, la independencia política de los Estados no es vulnerable ni siquiera por la propia organización de las Naciones Unidas. Y así, el numeral 7 del citado artículo 2 estatuye: “7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. Si el conjunto de los Estados reunidos en la ONU no puede intervenir en la jurisdicción interna de uno de ellos, menos podrá cometer ese atropello otro Estado por su cuenta.

 

Consultemos la Carta de la Organización de Estados Americanos. Su artículo 3 pauta que los miembros reafirman los siguientes principios: “b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional (…).e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.” ¿Podrá haber mayor claridad? El orden internacional está constituido por “el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados”. Cada Estado tiene el derecho a “elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Por tanto, no puede Estados Unidos pretender determinar cuál sistema político, económico y social tendrá Venezuela, ni impedir que ésta se organice como más le convenga, ni interferir en tales cuestiones. Con toda razón hubo un categórico pronunciamiento por parte del G-77 más China, que representa a 134 países (más de las dos terceras partes de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas), y otro pronunciamiento unánime de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que representa a los 33 países de la región latinoamericana y caribeña, exigiendo a Obama la derogatoria de su lamentable decreto. Alguien está contra el orden internacional, y no es Venezuela.

28
Marzo

En reciente comunicado de prensa la contrarrevolucionaria Laritza Diversent Cámbara que dirige el proyecto subversivo Centro de Información Legal Cubalex, denunció que su organización es blanco de una “campaña de desprestigio”.

“Cubalex ha sido blanco de una campaña de desprestigio que incluye notas difamatorias que acusan a la organización de actos de corrupción. Éstas se han publicado en Internet sin sustento y sin ofrecer a Cubalex la posibilidad de aclarar los hechos”, afirma en su manipulado comunicado para buscar protagonismo en los medios, pero con escasa repercusión.

Indagando en Internet encontramos el sitio digital www.elcubanointransigente.compartidario de elementos contrarrevolucionarios y no precisamente de las autoridades cubanas- que pareciera ser el responsable de esa supuesta campaña, pues publica dos trabajos en los que se acusa de corrupta a Diversent Cámbara. Pero para ello aporta documentos que avalan esa actividad delictiva que han circulado en la red.

El primero se titula Corrupción en Cubalex  y se incrimina a esta joven abogada que dice ser “independiente”, pero que recibe un financiamiento de la NED  por un monto de 39 970 dólares, de malversar precisamente esos fondos destinados a Cubalex, incluso otros solicitados por ella para la adquisición de materiales constructivos que supuestamente utilizaría en la construcción de las oficinas, pero que finalmente desvió para fabricar su casa.

En el otro Corrupción y nepotismo en Cubalex se insiste en que esta “disidente”a pesar de haber sido denunciada como corrupta continúa utilizando para su beneficio personal y familiar los fondos que destina la NED a su proyecto subversivo.

Para ello se asegura –igualmente respaldado con documentos-  que “aprueba vales de gastos cuyo monto o, al menos, a una buena parte del mismo en realidad se le dio otro uso y es por ello que muchos de esos vales no tienen las correspondientes facturas que los justifiquen”.

También se anexa una copia manuscrita del libro de control de caja de Cubalex correspondiente al trimestre enero-marzo de 2013 –que circulo por Internet- “en el que se reflejan gastos que para cualquier persona que conozca Cuba y sepa como funcionan las cosas en ese país inmediatamente los pone entre signos de interrogación”, afirma el autor del artículo que también adjunta un financial report NED Grant No. 2012-730

Pero no solo se le acusa de malversar fondos sino también de nepotismo. Se menciona el caso de su esposo, Diego Ramos Ramírez, que ocupa una plaza en Cubalex. Según consta en Contrato de Servicio al Personal de Apoyo –que también adjuntamos- elaborado por la propia Diversent Cambara, en el que aparece identificado como el “Empleado 3” y lo firma solo con sus iniciales DRR y percibe un salario mensual de 54.00 CUC.

También se asevera que forman parte de la plantilla la madre de Diversent Cambara, Mariceli Cambara Corrales, sus hermanos Denis y Dannys Guerra Cambara, su cuñado Guillermo Suárez Ramírez y su cuñada Claribel Moreno Fonseca. En fin, tiene a toda la familia viviendo de este “negocio de Cubalex” que montó esta contrarrevolucionaria y que le sufraga generosamente la NED.

Frente a esas serias acusaciones avaladas  con  documentos y que ahora reproducimos en este sitio cabe preguntarse ¿por qué esta “disidente” no ha utilizado el derecho de réplica para desmontar con argumentos contundentes la supuesta “campaña de desprestigio”? ¿Por qué miente al precisar en su comunicado que las “notas difamatorias” (refiriéndose a los mencionados artículos) han circulado en Internet “sin sustento y sin ofrecer a Cubalex la posibilidad de aclarar los hechos”?

Esperemos que ahora tenga la posibilidad de aclarar los hechos. De no hacerlo, es harto conocido ese refrán que dice que “el que calla otorga”.

25
Marzo

En los primeros 27 meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han acumulado un total de cinco mil 389 casos de secuestro, mil 860 casos más que los registrados en los últimos 27 meses de gestión del ex presidente Calderón.

Durante los primeros 27 meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que van de diciembre del 2012 a febrero del 2015, en México se han acumulado un total de cinco mil 389 casos de secuestro—sumando averiguaciones previas iniciadas en el fuero común y en el fuero federal—, cifra que representa mil 860 casos más que los registrados en el país durante los últimos 27 meses de gestión de su antecesor, Felipe Calderón.

Así, tal como se desprende de las estadísticas sobre incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en lo que va del Gobierno del presidente Peña Nieto, el secuestro ha registrado un aumento de 52.7%.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre del 2010 y noviembre del 2012 —los últimos 27 meses de gobierno del panista Felipe Calderón— se emprendieron tres mil 80 averiguaciones por secuestro en el fuero común, es decir, fueron casos cuya investigación quedó a cargo de las procuradurías de justicia de los Estados en los que estos delitos se perpetraron.

A ellas, además, deben sumarse otras 152 averiguaciones por secuestro consignadas en el fuero federal durante el 2011 —según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística—; y 297 casos más registrados a lo largo del 2012 por la PGR.

En total, en este último periodo de 27 meses del sexenio calderonista, en México se acumularon tres mil 529 casos de privación ilegal de la libertad.

En contraste, durante los primeros 27 meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto, en México se tomó registro de tres mil 409 casos de secuestro en el fuero común, más otros mil 980 casos en el fuero federal, que dan un total de cinco mil 389 averiguaciones previas emprendidas por este delito, es decir, mil 860 más que con Calderón.

 

Fuentes consultadas

 

El número total de averiguaciones previas por secuestro iniciadas en el fuero federal, tanto del gobierno pasado como del actual, proviene de tres fuentes distintas y complementarias: por un lado, las 152 del 2011 están reportadas en la base de datos titulada “Estadística judicial en materia penal 2011″, del INEGI.

Además, aquellas relativas a los años 2012, 2013 y 2014 fueron proporcionadas a Animal Político por la PGR, a través del oficio 0001700071115 (fechado el pasado 12 de marzo). Para presentar este resultado, la Procuraduría divide estas averiguaciones federales en dos rubros: dos mil 71 averiguaciones por el delito de “privación ilegal de la libertad”, en los términos del artículo 364 del Código Penal Federal, y otras 122 averiguaciones por el delito de “secuestro”, en los términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, (correspondientes exclusivamente al año 2014).

 

El sello del Crimen Organizado

 

De estas estadísticas se desprende que mientras en los últimos 27 meses de gobierno de Felipe Calderón se emprendieron 449 averiguaciones por secuestro desde el campo federal (152 en 2011 y 297 en 2012), durante los primeros 27 meses de gestión de Peña Nieto, la cifra de secuestros que demandaron la intervención de las autoridades federales aumentó a mil 980 casos.

Si se comparan ambos periodos de Gobierno sólo en lo que toca a secuestros que, por su complejidad o impacto social, demandan la atención federal, las estadísticas revelan que este tipo de delitos aumentó 341% desde que el presidente Peña Nieto asumió la conducción del país.

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los secuestros que persigue el fuero federal y aquellos que se combaten desde el fuero común? ¿Son más graves los federales?

Según la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los tipos de secuestro que toca perseguir al Gobierno de la República –descritos por el Código Penal Federal y por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro–, son aquellos en los que “tres o mas personas se organicen de hecho” para llevar a cabo la privación ilegal de la libertad, es decir, cuando el delito es cometido por una banda organizada; cuando los perpetradores “sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o (cuando) se ostenten como tales sin serlo”.

También toca a las autoridades federales investigar un secuestro cuando los perpetradores incurren en delitos federales durante el hecho, tales como el uso de armas de uso exclusivo del Ejército o, incluso, cuando la víctima es secuestrada con fines de trata de personas.

Un secuestro debe ser abordado desde el fuero federal cuando la víctima sufrió agresiones físicas graves durante su cautiverio, tales como “una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, o entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, (así como) el uso de la palabra o de alguna de las facultades mentales”.

Igualmente, el tipo de secuestros que corresponde investigar al fuero federal es aquel en el que la víctima ha sido torturada a grado tal por sus captores, que sufre “la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica; o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible”.

Por último, corresponde a la PGR investigar los secuestros en los que las lesiones infringidas “pongan en peligro la vida” del secuestrado, o cuando éste, de plano, fallezca en manos de sus secuestradores.

Estos son, entonces, los tipos de secuestro que han aumentado 341% en México, desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

 

Los estados más afectados

 

Tal como revelan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública —secuestro del fuero común— y de la Procuraduría General de la República —secuestro del fuero federal—, el Estado que destaca por acumular el mayor número de casos de privación ilegal de la libertad es Tamaulipas, ya que, entre diciembre del 2012 y febrero del 2015, sumó 609 secuestros denunciados ante la autoridad.

En la lista de las entidades con más secuestros durante el Gobierno de Peña Nieto siguen el Estado de México (420 casos), Guerrero (351), Michoacán (338), Veracruz (288),Morelos (283), Tabasco (219), Distrito Federal (157) y Jalisco (123).

 

Epílogo: cifras alegres

 

En enero pasado, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, aseguró que durante el año pasado los secuestros en México registraron un descenso de 18%, gracias a la implementación de un grupo elite para enfrentar este delito.

Para sostener esta afirmación, Sales Heredia presentó las estadísticas sobre secuestro del año 2013 —mil 698 casos—, en comparación con las del 2014 —mil 394 casos—, para destacar que el año pasado se habían dado 304 denuncias menos.

Sin embargo, estas cifras sólo estaban basadas en el secuestro del fuero común, es decir, se soslayaba la magnitud alcanzada en el país los secuestros del fuero federal.

Si se agregan estas estadísticas a las cuentas oficiales, los resultados indican que en el 2013, el primer año de Gobierno del presidente Peña Nieto, se denunciaron dos mil 654 secuestros, lo que representa un aumento de 44% en la comisión de este delito, en comparación con el último año de Calderón.

Luego, efectivamente, durante el año pasado la incidencia relativa al delito de secuestro registró una disminución, pero ésta fue de 14% —y no de 18% como afirmó Sales Heredia—, al bajar de dos mil 654 casos en el 2013, a dos mil 277 casos en el 2014.

No obstante, aún cuando hubo una disminución en la incidencia de los secuestros durante 2014, México cerró el año pasado con 23% más secuestros que al final del sexenio calderonista.

24
Marzo

El tiempo a veces es el mejor remedio para colocar las cosas en su lugar; en un mundo en que hay tantas fuera del suyo.

En los umbrales de la VII Cumbre de las Américas, cuando se esperaba una nueva batalla de los países de la región para que se incluyera la imprescindible presencia de Cuba en cónclaves de esta naturaleza, se produjeron hechos que han dado un giro a las expectativas.

Primero, la invitación oficial al presidente Raúl Castro para su participación en la reunión, realizada por su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, cuyo país será sede de la nueva cita. Luego, el inesperado anuncio de los mandatarios de Estados Unidos y Cuba para iniciar un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países sin previas condiciones.

Las complejas rondas negociadoras se iniciaron de inmediato y se ha manejado, por parte de Estados Unidos básicamente, la posibilidad de que el restablecimiento de relaciones bilaterales, e incluso la instalación de embajadas en las respectivas capitales se materialicen antes de que se sienten en el mismo salón Barack Obama y Raúl Castro.

¿Se reunirán en privado? ¿Existirá una agenda previamente establecida para una reunión oficial?

Por supuesto, no espero que la ocasión se preste para un saludo de aparente cortesía, como sucedió en Sudáfrica con motivo de los funerales del inolvidable luchador por los derechos de los pueblos de África y del mundo, Nelson Mandela.

Pero cuando todo parecía preanunciar un coloquio más tranquilo que inquieto, más político que levantisco, más inclinado al diálogo sosegado que a un enfrentamiento ríspido, el Gobierno estadounidense echó mano a la carpeta y se acogió a la llamada Estrategia de Seguridad Nacional para satanizar a Venezuela y acusarla de representar un riesgo extraordinario para su país por presuntas violaciones de los derechos humanos y declaró una situación de “emergencia nacional”, acompañada de sanciones contra la nación sudamericana.

¿En qué pensaba Obama cuando dio el traspié? ¿Cómo Venezuela puede significar un peligro para la primera potencia militar del mundo? ¿Cómo es posible que cualquier país de América Latina y el Caribe constituyan una amenaza para la potencia imperial?

El único país del continente que posee un enorme arsenal nuclear es Estados Unidos, los restantes estamos bajo su “sombrilla atómica”. La firma en la ciudad de Tlatelolco en febrero de 1967 del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina los dejó “con las manos sueltas”. El Tratado fue una respuesta a la llamada Crisis de los Misiles en octubre de 1962. Durante varios años Cuba se opuso a su firma, al considerar que un país no debe renunciar a las armas que posee su enemigo; sin embargo, en aras de no quebrar el consenso regional aceptó incorporarse a su suscripción.

La primera Cumbre de las Américas tuvo lugar en Miami, Florida, en 1994. De entonces a la fecha hubo un giro en la política de numerosos países de la región, con el ascenso al poder de gobiernos de izquierda o progresistas, que asumieron una política antineoliberal y de defensa del respeto a la soberanía de las naciones, lo que abrió los cauces a un profundo proceso de integración, y dio vida a importantes entidades para su impulso.

En ese contexto, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sin la participación de Estados Unidos, puso en ascuas al Departamento de Estado.

Nuestros pueblos conciben una asociación de Estados de América Latina y el Caribe sin la presencia de Washington; pero no aceptan una institución que presuntamente represente al área sin la presencia de Cuba. No le demos más vueltas al asunto.

El tiempo apremia y la Cumbre está al doblar de la esquina, sin que se vislumbre hasta ahora una distensión en la política agresiva de Estados Unidos hacia Venezuela en un intento por alentar a toda costa a la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Además, sin saber o no querer distinguir entre los problemas de su casa y los de las ajenas. En un irracional y brutal esfuerzo por confundir dificultades económicas, financieras o de naturaleza interna con el derecho irrenunciable de un país a su soberanía.

Según una reciente encuesta de Hinterlaces, el 86% de los venezolanos opina que Estados Unidos no tiene ningún motivo para considerar a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional.

¡Bien pueden ir por lana y salir trasquilados!