23
Noviembre

En el primer año del Acuerdo de Paz de Colombia, solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo estipulado, según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP).

El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016, marcó un giro importante en la historia de la nación suramericana.

Durante 52 años de conflicto armado entre el Ejército y los exinsurgentes, el presidente Juan Manuel Santos indicó que unas 8.376.463 personas resultaron afectadas.

El Registro Único de Víctimas (RUV) detalló que del total de víctimas, 7.134.646 fueron desplazadas, 983.033 por homicidios, 165.927 por desapariciones forzadas y 34.814 secuestradas, entre otros casos.

Ante estas alarmantes cifras, se estableció en La Habana (Cuba) un diálogo que duró cuatro años (2012-2016) y contó con los testimonios de víctimas, para alcanzar la firma del acuerdo que orientó a Colombia hacia la sana convivencia, la tolerancia y el perdón.

Esta nueva propuesta, tras el rechazo del primer documento en el plebiscito del 2 de octubre, incluyó sugerencias de diferentes sectores sociales, entre ellos, víctimas del conflicto y la Iglesia.

A un año de la firma de este emblemático acuerdo para el cese del conflicto armado más largo de América, el avance en el cumplimiento de los aspectos más importantes ha sido lento ante la necesidad de concretar uno de los deseos más fervientes de la población: la paz.

 

Nuevo partido político en Colombia

 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fue el nombre elegido por el exgrupo insurgente en su Congreso Fundacional de septiembre pasado. Esta incursión en la política colombiana fue un logro alcanzado y permite a sus miembros optar a cargos políticos mediante elecciones.

Para los próximos comicios de 2018, la FARC anunció que su candidato para la Presidencia de Colombia será Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido como Timochenko, y presentaron a sus aspirantes para el Senado y la Cámara de Representantes que, según lo acordado con el Gobierno, tendrá cinco puestos en cada uno.

 

Dejación de armas

 

Casi siete mil exinsurgentes entregaron sus armas, lo que tuvo un impacto positivo en el ámbito nacional al disminuir los casos de homicidios y salvar a más de tres mil vidas. En los 281 municipios destinados al postconflicto, se redujo en 27 por ciento casos de muertes violentas.

La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inhabilitó en septiembre pasado unas 8.994 armas de fuego, de las cuales 1.817 eran pistolas y 170 revólveres; 6.177 fusiles de asalto, 28 fusiles de precisión, 6 escopetas, 13 submetralladoras y 274 ametralladoras, entre otras.

 

Reincorporación social

 

El director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, Juan Fernando Londoño, expresó que el proceso de reincorporación de los excombatientes avanza con lentitud, ya que son "más de diez mil personas a la vez, cuando antes se trataba de un proceso gradual y minoritario".

Además, los retrasos en este objetivo obstaculizan la consolidación de un óptimo escenario postconflicto, desde lo económico, político y social, ante la falta de garantías por parte del Estado.

 

Aumento de cultivos ilícitos

 

La ONU informó que el cultivo de coca en el país pasó de 96.000 a 146.000 hectáreas entre 2015 y 2016, un incremento del 52 por ciento. Antes del comienzo de los diálogos de paz, los sembradíos registrados constaban de 47.000 hectáreas.

Pese a que el acuerdo de paz refiere a la sustitución voluntaria con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, los campesinos han denunciado que las autoridades realizan la erradicación forzada.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que el 50 por ciento de los cultivos se encuentra en diez municipios de cuatro departamentos colombianos: Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo.

Una de las principales razones para realizar esta actividad es económica, ya que los pobladores han reiterado que representa una alternativa de ingresos ante las condiciones de pobreza en las que viven.

 

Asesinato de líderes sociales

 

En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reflejó que 78 líderes sociales han sido asesinados tras denunciar acciones violentas en contra de sus comunidades; medios locales reseñan que fallecieron casi 100 activistas mientras las autoridades afirman que son 54.

Además, se suman los más de 20 excombatientes asesinados y más de diez familiares en lo que va de 2017, a quienes el Estado debía brindar protección personal para consolidar su reintegración social como parte de lo pactado.

 

La mujer en el proceso de paz

 

Grupos feministas se movilizaron al comienzo de las negociaciones para expresar que "la paz sin mujeres no va". Con la creación de la Subcomisión de Género, alcanzaron una representación de casi el 16 por ciento en la mesa de diálogo y la incorporación de un enfoque más equitativo e igualitario en el acuerdo.

Sin embargo, han denunciado la falta de garantías en los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas, como la seguridad y el respeto a sus territorios, en la implementación del proceso de paz en la nación.

 

Justicia Especial para la Paz

 

La Corte Constitucional de Colombia aprobó el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP) como mecanismo para juzgar a excombatientes que formaron parte del conflicto armado, pero será el Congreso quien determine las penas de los mismos.

La jurisdicción de la JEP no ha podido aprobarse por falta de quórum en las últimas sesiones, pese a que la vía rápida o "fast track", período estimado para ello, culmina el próximo 30 de noviembre y pone en riesgo su ejecución.

 

FARC pide a ONU intervenir por incumplimiento del gobierno a la paz

 

Timochenko expresó en una carta al secretario general de la ONU su preocupación "por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos".

El dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), denunció a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la alarmante situación que se vive en Colombia, por los actos del Gobierno de Juan Manuel Santos, que ha tergiversado los preceptos del acuerdo de paz establecidos en La Habana, Cuba, hace un año.

Por medio de una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación "por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos".

La petición fue realizada tras las declaraciones del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos Jeffrey Feltman, quien dijo que la comunidad internacional no permitirá que Colombia incumpla lo acordado con el ex grupo insurgente, después de haber firmado el pacto en pro de la paz del país suramericano.

Feltman avaló las denuncia ha hecho la FARC desde hace tiempo, tras una visita realizada el pasado martes a Colombia en la que "pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado", indico Timochenko.

 

Los acuerdos incumplidos

 

El dirigente del partido criticó el retraso de los procesos legales, las medidas incumplidas, y las modificaciones aprobadas por el Senado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP establece que quienes confiesen sus actos, ayuden a las víctimas y se comprometan a no ejercer la fuerza podrán recibir penas alternativas a prisión, pero tras las modificaciones aprobadas por el Senado, Rodrigo Londoño expresó la preocupación por el destino de los 7.000 excombatientes que entregaron las armas y la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto por las incertidumbres legales.

Tanto el gobierno de Santos como quienes discuten la JEP han sido denunciados por los miembros de la FARC en varias ocasiones por cumplir a conveniencia los acuerdos que ahora buscan desfavorecer al ex grupo insurgente.

23
Noviembre

El 29 de noviembre se cumplen 70 años de la fatídica resolución 181 de la ONU que suponía la creación de dos Estados en territorio palestino: uno judío y otro ‘árabe’, ninguneando la identidad palestina.

17
Noviembre

ACNUR deplora ‘el alarmante’ número de asesinatos contra líderes indígenas en Colombia y reclama una protección adecuada para ellos. 

El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) William Spindler indicó el viernes que para la agencia de la ONU es “una preocupación creciente el aumento de asesinatos y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos y líderes comunitarios en la costa del Pacífico”, que en la mayoría de los casos, precisó, son indígenas o afrodescendientes.

De acuerdo con ACNUR, en el último año se han producido 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales, aunque se cree que podrían sumarse al menos otros trece casos que están actualmente bajo investigación. “De todas formas, es alarmante”, señaló.

“Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)”, afirmó Spindler en una rueda de prensa.

Spindler hizo referencia al caso de José Jair Cortés, líder afrodescendiente de la comunidad de Alto Mira y Frontera, en el departamento de Tumaco, que fue asesinado el pasado 17 de octubre, a pesar de que estaba bajo protección de las autoridades colombianas en ese momento por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.

Desde ese momento, otros siete han sido asesinados y muchísimos más amenazados, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Spindler atribuyó la escalada de violencia a la pugna que se ha desatado en los antiguos territorios de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre organizaciones criminales que quieren hacerse con sus negocios ilícitos, como el narcotráfico o la minería ilegal.

“Los retrasos y problemas en la implementación a nivel local de los principales puntos del acuerdo de paz, como la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, han incrementado la incertidumbre en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil”, explicó.

Por ello, solicitó al Gobierno colombiano “una protección adecuada de las poblaciones más afectadas”. Además, pidió medidas adicionales para garantizar la seguridad de estas comunidades, entre ellas mayor presencia policial y mejorar la red de telecomunicaciones para facilitar las denuncias.

03
Noviembre

El consumo de apenas dos latas de gaseosa a la semana es suficiente para incrementar el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, según un nuevo estudio científico publicado en la Revista de la Sociedad de Endocrinología. 

La investigación, liderada por el profesor Faadiel Essop de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), se basó en el análisis de 36 estudios académicos de la última década sobre la salud de personas que tomaron más de cinco bebidas azucaradas por semana.

En ese sentido, se encontró suficiente evidencia sobre el vínculo entre la ingesta de gaseosa con el aumento de peso, así como el desarrollo del síndrome metabólico y de diabetes tipo 2. Asimismo, el consumo excesivo de estas bebidas también está asociado con niveles peligrosos de grasas (triglicéridos) y azúcar en la sangre, como con la reducción del colesterol 'bueno', según recoge Daily Mail.

Una lata de Coca Cola de 354 mililitros contiene 149 calorías y 39 gramos de azúcar. Mientras que la dosis diaria de azúcar que un adulto promedio debería injerir es de 25 gramos. Es decir, que el consumo de una lata de esa bebida constituye el 156 % de la norma recomendada.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 19 millones de personas mueren cada año a causa de desórdenes cardiometabólicos, cuyo riesgo está directamente relacionado con factores dietarios.

El consumo de gaseosa "aumenta de manera estable entre todos los grupos etarios a nivel mundial", asegura el profesor Essop y agrega que los resultados de su estudio "demuestran que hay una clara necesidad de educación pública sobre los efectos nocivos acarreados por el consumo excesivo de bebidas azucaradas".