Al día

28
Octubre

Planes para asesinar a presidentes y figuras controvertidas de la política mundial, inacciones de la CIA y el FBI para detener al sospechoso y conjuras sexuales se suman al enjambre de piezas que conforman desde hace décadas el todavía incompleto rompecabezas detrás del último asesinato de un presidente en la historia de Estados Unidos.

Aquí te mostramos algunas claves de los últimos documentos revelados.

 

LA CIA URDÍA PLANES PARA ASESINAR A FIDEL CASTRO

 

Expedientes desclasificados de los Archivos Nacionales de EE.UU. revelan los complots de la CIA para asesinar a Fidel Castro.

A través del sitio web de los Archivos Nacionales de EE.UU., detalles reveladores salieron a la luz, entre ellos reportes y memorandos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) sobre los intentos para asesinar al que fuera dirigente de Cuba (1959-2008).

Estos documentos son de dominio público desde que el pasado 21 de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la publicación de más de 2800 archivos clasificados sobre la muerte del exmandatario estadounidense, John F. Kennedy (1961-1963), quien fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 tras recibir varios impactos de bala en Dallas, estado de Texas, a manos de Lee Harvey Oswald.

Los expedientes también mencionan el programa que utilizó la CIA para escuchar las conversaciones en las embajadas de Cuba y la extinta Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas (URSS) en la capital mexicana, ambas visitadas por Oswald en septiembre y octubre de 1963.

Asimismo, los planes de la CIA comprendían algún contacto con elementos del crimen organizado para efectuar el homicidio, y para tal efecto, la agencia estadounidense barajaba utilizar varios métodos como “el veneno, las píldoras de botulismo y el uso de grupos cubanos en el exilio”, según un informe de 1975.

De acuerdo con otro archivo de 1975, la CIA intentó asesinar al líder de la Revolución cubana en fechas tempranas como 1959 o 1960, al mismo tiempo que Washington comenzaba a orquestar los preparativos para la fallida intervención militar por Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, efectuada en abril de 1961.

El mismo reporte revela que Robert Kennedy, hermano del expresidente asesinado y quien en aquel entonces era fiscal general de EE.UU., estaba al tanto de los planes de un complot que involucraba la contratación de un pistolero que dispararía contra Fidel Castro.

En la misma línea conspiratoria, otro memorando del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) del 26 de febrero de 1964, detalla los pormenores de una reunión en Florida en la que autoridades norteamericanas acordaron destinar 100.000 dólares con el objetivo de acabar con la vida de Fidel Castro, 20.000 más por el homicidio de su hermano Raúl, y la misma suma por el guerrillero cubano-argentino Ernesto ‘Che’ Guevara.

 

OPERACIÓN BOUNTY: CIA – RECOMPENSAS

 

Otro documento describe un esquema propuesto por el Pentágono llamado Operación Bounty, que buscaba derrocar a Castro, y estableció un sistema de recompensas financieras a los que mataran a "comunistas" cubanos.

Estos debían debían entregar a la CIA pruebas "concluyentes" del asesinato, como el carnet del partido del fallecido.

“La Operación Bounty establece un sistema de recompensas financieras, en consonancia con la posición y la estatura, por matar o entregar vivos a conocidos comunistas”, señala una investigación de 1975 sobre los planes de la CIA para derrocar o asesinar a Castro conocidos como “Operación Mangosta”.

El objetivo era “inducir a los ciudadanos cubanos a derrocar al régimen comunista cubano; presionar a los comunistas cubanos creando desconfianza y desunión”, señalaba la propuesta original del Pentágono presentada el 30 de enero de 1962 al general Edward Lansdale, quien coordinaba el grupo especial al frente de esa operación.

Por matar a un informante, se pagaría entre $5000 y $20,000, y por un jefe de departamento, hasta $57,000. Los comunistas extranjeros operando en Cuba eran más valiosos y su asesinato podría recompensarse con $97,000. Pero el premio gordo estaba destinado a quienes mataran a miembros del gobierno cubano, por los cuales se pagaría hasta medio millón de dólares.

 

 CAMPAÑA DE TERROR EN MIAMI

 

“Desarrollar una campaña de terror Comunista Cubana en el área de Miami, en otras ciudades e incluso en Washington”, señala el documento sobre la Operación Mangosta. “La campaña terrorista podría apuntar a los cubanos que buscan refugio en Estados Unidos. Podríamos hundir un bote con cubanos en ruta hacia la Florida (real o simulado)”.

En plena crisis de los misiles, en octubre del 1962, la CIA también consideró acciones como la voladura de un puente en Pinar del Río; un ataque a almacenes en el puerto de Isabela, en Las Villas; un ataque con granadas a la embajada de China en La Habana o incendiar tanqueros petroleros en la bahía de La Habana o de Matanzas.

 

ATENTADOS CONTRA OTROS LÍDERES

 

Pero aunque los intentos de asesinar a Castro son los que se mencionan con más frecuencia entre los archivos desclasificados, el nombre de otros líderes "incómodos" para Estados Unidos también se encuentran en los textos.

Según un "resumen de hechos" de 1975, la CIA también consideró matar al mandatario congoleño Patricio Lumumba (quien fue asesinado en 1961) y a Sukarno, el primer presidente de Indonesia tras la independencia.

Los recibos y las cuentas financieras de los proyectos clandestinos también muestran el pago de decenas de miles de dólares para financiar "actividades anticomunistas" y garantizar suministros y armas para la oposición a los gobiernos de Cuba, República Dominicana, Congo y Vietnam del Norte y del Sur.

 

LA LLAMADA MISTERIOSA

 

Uno de los hechos más misteriosos que aparece en los nuevos documentos es una llamada telefónica que asombró a un medio de comunicación y a una agencia de inteligencia del otro lado del mundo.

Según un memorando de la CIA al FBI, un periodista británico del diario Cambridge Evening News recibió una llamada anónima 25 minutos antes del asesinato de Kennedy en la que le dijeron que llamara a la embajada de Estados Unidos para recibir una "gran noticia".

"Después de recibir la noticia de la muerte del presidente, el periodista informó a la policía de Cambridge de la llamada anónima y la policía informó al MI5 (el servicio secreto británico)", señala el texto..

 

LAS "FIESTAS SEXUALES"

 

Varios de los archivos revelados ponen tintes sexuales a la investigación de la muerte de Kennedy.

Un memorando del FBI de 1960 relata la investigación de Fred Otash, un conocido detective de Los Ángeles, para encontrar a una "reconocida prostituta de Hollywood" quien, supuestamente, había organizado fiestas sexuales que involucraban al entonces senador John F. Kennedy; su cuñado, el actor Peter Lawford, y el popular cantante Frank Sinatra.

Otro de los textos alude al envío de una comunicación al entonces fiscal general Robert F. Kennedy, hermano del presidente, sobre la publicación de un libro que abordaría sus relaciones con la actriz Marilyn Monroe.

Sin embargo, de acuerdo con Sabato, más allá de estos matices, los nuevos archivos no aportan ningún nuevo detalle que brinde datos relevantes sobre uno de los mayores misterios de la política de Estados Unidos en el siglo XX.

27
Octubre

Parecía que una nueva maniobra contra Cuba de los sectores terroristas en la política exterior del gobierno estadounidense había sido expuesta y neutralizada cuando la agencia Associated Press (AP) publicó una información fechada el 15 de septiembre de 2017 acerca de los daños ocasionados por el ciclón Irma y la penetración del mar que afectó el edificio que alberga a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Según la AP, un funcionario del Subcomité Nacional de Seguridad (NSSC, por sus siglas en inglés) que pidió no ser identificado, reveló a sus corresponsales que el NSSC preparaba una demanda contra la American Technology Corporation (ATC), fabricante de los equipos LRAD-RX que utiliza el NSSC para comunicarse con sus agentes en Cuba.

La demanda se fundamentaba en la afectación auditiva que dichos equipos habrían causado a operarios del NSSC, sus funcionarios y familiares. Según el demandante, los equipos en cuestión fueron adquiridos menos de un año antes y los expertos de la ATC que entrenaron a quienes se encargarían de utilizarlos en ningún momento les advirtieron contra problemas auditivos.

Fuentes anónimas habían dicho entonces a la agencia AP que la pérdida auditiva pudo estar relacionada con dispositivos de sonido que emiten ondas inaudibles capaces de causar sordera.

Según la fuente, la demanda que presentaría el NSSC incluía compensación económica por los daños ocasionados a operarios de los equipos y los familiares de éstos afectados, así como por los perjuicios operativos sufridos por el NSSC.

Inmediatamente que el NSSC conoció de los problemas auditivos ocasionados a los operadores, ordenó descontinuar la utilización del LRAD-RX pero esto implicó un cambio inmediato en los medios de comunicación con sus agentes, lo cual conllevó mayores gastos que sobrepasaban lo presupuestado.

Sin embargo, en mayo de 2017, que el Departamento de Estado dispuso la expulsión de dos diplomáticos cubanos en respuesta a “incidentes” ocurridos en su embajada en Cuba sin precisar a qué o quién consideraba culpable.

La penetración del mar en la Embajada a causa de un huracán complicó la investigación acerca de los aspectos tecnológicos del caso porque una parte del equipamiento quedó bajo las aguas del mar y aunque se había planificado el viaje a Cuba de un número de técnicos y especialistas para verificar las condiciones de los equipos, ya este aspecto de la pesquisa no tenía sentido. Sólo se limitó el acceso de público y del personal a la Embajada a fin de desmontar los equipos y enviarlos a Estados Unidos para su eventual revisión por los fabricantes sin que se sepa del resultado.

Se afirma que, aunque la ATC es una firma estadounidense por su registro comercial, se trata de una entidad creada por las fuerzas de seguridad del Estado de Israel y, según se ha publicado, la LRAD es un arma que emite un sonido que deja temporalmente sordo al adversario.

Por los elementos evidenciados hasta el momento es claro que la maniobra tenía el propósito de involucrar a Cuba en un acto de terrorismo, flagelo en el que la isla jamás ha ensuciado su bandera aunque ha sido constantemente víctima de éste.

Sin embargo, cuando las sospechas parecían concentrarse en problemas tecnológicos imputables al suministrador, escandalosas declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio “pidiendo sangre contra Cuba” evidenciaron al político republicano de Florida como probable eje de la manipulación terrorista.

Poco después Washington retiró el 60% de los trabajadores de su Embajada en La Habana y luego expulsó 15 diplomáticos de la misión cubana en Estados Unidos arguyendo la “inexistencia de medidas cubanas adecuadas para proteger a nuestros diplomáticos de los ataques sónicos” pasando por alto el hecho de que, desde el primer momento, Cuba dijo que haría todo lo posible por indagar los hechos y había invitado al FBI a compartir las pesquisas en Cuba.

Unas 2,000 personas involucraron las autoridades cubanas en esta investigación, incluyendo agentes de orden público y los mejores científicos del país. Entrevistaron a 300 vecinos y llevaron a cabo decenas de exámenes médicos para ver si alguien fuera del cuadro diplomático había sido afectado.

Examinaron las habitaciones de dos hoteles donde vivían varios empleados de la Embajada de Estados Unidos, entrevistaron a 300 vecinos en un barrio donde muchos vivían casas. Analizaron muestras de aire y el suelo, verificaron si podrían ser insectos los culpables y consideraron una gama de productos químicos tóxicos e incluso de ondas electromagnéticas. Sin embargo, Estados Unidos se ha negado a permitir acceso a los médicos cubanos

a las historias clínicas de los afectados o a dejar que los cubanos hablen con los médicos de Estados Unidos.

Tampoco se permitió a los peritos cubanos visitar los hogares de los diplomáticos estadounidenses implicados para llevar a cabo pruebas periciales.

27
Octubre

Unas 23.000 personas fallecieron en México durante el 2016 por la guerra del narcotráfico

 

CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre.- Ante el alza en los índices de violencia y en medio del debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, especialistas de diversos sectores coincidieron en la urgencia de cambiar el paradigma de la estrategia de seguridad.

Durante la inauguración de la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil”, el Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, insistió en que México atraviesa una crisis con más de 170 mil muertos y 30 mil desaparecidos.

“Es urgente cambiar la estrategia y el concepto mismo de estrategia que maneja la élite gobernante”, consideró, si es que el Estado pretende garantizar la seguridad de las personas y respetar sus derechos humanos.

“El respeto a los derechos fundamentales es parte esencial y no un obstáculo para construir la seguridad que se pretende”.

En tanto, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió que la situación de seguridad que enfrenta el País puede abrir la puerta a dos salidas muy distintas.

“Por un lado, los llamados a la continuidad de la actual política, reforzada con un enfoque aún más represivo, con mayor uso de la fuerza y ausencia de controles, dentro del marco de la política de seguridad desarrollada hace una década”, dijo.

“O, por otro lado, una revisión crítica de las políticas de seguridad vigente y consecuentemente el desarrollo de un paradigma alternativo, basado en el aspecto de derechos humanos y rendición de cuentas”, dijo el funcionario de la ONU.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, urgió a un debate amplio para diseñar un modelo de seguridad de corte ciudadano.

“Nadie regatea el relevante papel que han tenido en estas tareas las Fuerzas Armadas, pero no puede ignorase que en la experiencia comparada a nivel internacional indica que el modelo de seguridad más adecuado para la ciudadanía es aquel que descansa en pilares civiles”, manifestó.

Retrotrajo entonces el debate sobre la ley de seguridad interior, la cual, dijo, dejaría de lado la necesidad de fortalecer a las Policías, ya que la presencia militar ha representado un incentivo para que las autoridades municipales dejen las fuerzas federales resuelvan los problemas.

“Que las Fuerzas Armadas dejen de realizar súbitamente las labores que hoy desempeñan es a todas luces inviable, pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria”, mencionó.

Ernesto López Portillo, analista en temas de seguridad, pidió que las nuevas estrategias que se diseñen estén basadas en la experiencia.

Para el Rector Fernández la estrategia que se requiere debería tener como fundamento el incremento de la capacidad de investigación y no el despliegue de las fuerzas, además de que contemple el repliegue gradual de las Fuerzas Armadas y fomentar la rendición de cuentas.

Mientras que el representante de la ONU-DH estableció que el éxito se logrará con una fuerza policial o militar eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos.

 

 

País sin Ley

 

* México atraviesa por una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el futuro del país

 

* Está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin

 

* Consenso abrumador: la única forma de salvarlo es con instituciones sólidas / La realidad es desoladora: las tres Fiscalías que podrían combatir los problemas están descabezadas

 

CIUDAD DE MEXCIO, 26 de octubre.- El diagnóstico no deja lugar a dudas. México atraviesa por una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia; está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin. Todo ello en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el devenir del país. El consenso entre los especialistas es abrumador: la única forma de salvar al enfermo es con instituciones sólidas. La realidad sobre el tratamiento es desoladora: las tres fiscalías que podrían combatir estos problemas están descabezadas y la discusión sobre la futura fiscalía general, entrampada en la grilla política.

El presidente Enrique Peña Nieto se vanagloria de haber sido el mandatario que ha liderado las principales transformaciones del país: la Reforma Fiscal, Energética, de Telecomunicaciones… Hasta mediado el sexenio, todo eran vítores para él. La corrupción, que le han golpeado a él directamente o casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han lastrado el final de su mandato. La reforma de la justicia, la construcción del Estado de Derecho, acaso la principal necesidad del país, no se ha logrado y amenaza con convertirse en un arma electoral en las presidenciales de julio del 2018, uno de los principales temores de organizaciones de la sociedad civil.

“Todo el sistema de procuración de justicia está en una crisis nunca vista”, argumenta Luis Pérez de Acha. Este abogado y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el declive no es nuevo: “El modelo se ha ido descuidando gradualmente, no se puede pensar que surgió de la nada, son rezagos históricos”, aunque advierte que no todo está perdido: “De estas crisis vienen las fortalezas, es donde tienen que surgir nuevos y distintos escenarios”. En este sentido, esta semana, tres importantes instituciones – la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)- alertaron de la necesidad de poner en marcha una transformación inmediata del sistema. “Estamos ante un vacío no solo de quien encabeza algo, es más complejo, es un vacío institucional que a afecta a la legitimidad de los órganos del Estado”, completa José Roldán, profesor del CIDE.

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia –así se llama el estudio- fue encargado por la Procuraduría General de la República (PGR), donde precisamente radica uno de los problemas. Dependiente del poder Ejecutivo, es decir, del presidente -una rara avis-, no tiene quién la dirija desde que hace dos semanas renunciase al cargo Raúl Cervantes, cuando estaba a punto de cumplir su primer año de mandato. El subprocurador Alberto Elias, una persona de la confianza de Cervantes, se ha hecho cargo de manera interina de la PGR, sin que se atisbe el consenso suficiente entre los partidos políticos para lograr un sustituto de aquí a las elecciones.

Las tareas pendientes son ingentes. El ya exprocurador aseguró que estaba lista la investigación del ‘caso Odebrecht’ en México, que ya ha salpicado a una de las personas de confianza del presidente, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos. Además, se debe avanzar en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los presuntos casos de espionaje a periodistas y derechos humanos o la conocida como Estafa Maestra, por la que el Gobierno habría desviado 192 millones de dólares a través de empresas fantasma. Los procesos contra los exgobernadores detenidos son otros de los asuntos a acometer: de los 10 en marcha en el último año, solo dos cuentan con una ejecución de la sanción y en siete apenas se ha avanzado la investigación inicial, un 20% de todo el proceso.

La salida de Cervantes –criticado por su cercanía al gobernante PRI- parecía poder contribuir a avanzar en la creación de la fiscalía general, un órgano independiente de la presidencia, que los partidos políticos habían acordado tras la reforma política de 2014. Según avanzan los días, esto resulta cada vez más quimérico. Tanto Peña Nieto como el líder en todas las encuestas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que lo mejor es esperar a después de las elecciones para elegir un fiscal. El Frente Ciudadano por México, la amalgama creada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quiere convertirlo en una de sus principales armas electorales. El empuje de la sociedad civil es lo único que puede llevar al traste los intereses políticos. El futuro inquilino de la fiscalía general tendrá un poder omnímodo, con un mandato de nueve años y será además el encargado de designar al fiscal anticorrupción, otra de las vacantes del Estado mexicano, que sí cuenta en el papel, desde abril, con una Fiscalía Anticorrupción. Sin nadie que la dirija, claro.

El vacío de justicia se ha agudizado tras la destitución de Santiago Nieto, fiscal especializado en delitos electorales, después de denunciar presiones de Emilio Lozoya. Los partidos de oposición tratan de restituirlo en el cargo, mientras el PRI maniobra para lo contrario. De salirse con la suya el tricolor, la fiscalía encargada de investigar los desmanes políticos quedaría descabezada en pleno año electoral. Como en el caso de la PGR, el nombramiento de un nuevo titular se antoja complicado, pues requiere del consenso de dos tercios del Senado. “Los sistemas de designación y restitución están construidos a partir de la desconfianza que se tienen los partidos políticos. Los nombramientos requieren de mayorías y eso genera una especie de autosabotaje”, opina José Roldán, quien advierte de una macabra paradoja: “En el momento en que más se necesita personal cualificado, las instituciones estarían dirigidas por funcionarios de segundo nivel”.

(EL PAIS)

26
Octubre

Datos suministrados a BBC Mundo por la Agencia de Investigación y Calidad de la Asistencia Médica de Estados Unidos indican que el pasado año, más de 60.000 personas murieron en el país por sobredosis de opiáceos.

Mientras, en 2014, cerca de 1.300 millones de personas fueron tratados por esta causa en hospitales y salas de emergencia.

Sin embargo, no era el OxyContin el que estaba entonces en su mayor uso: ahora se había dado el paso para heroína y el fentanilo, una droga de producción casera 50 veces más poderosa que la primera.

De acuerdo con el especialista, estos medicamentos sentaron las bases para la adicción y para la epidemia de opioides que ahora vive Estados Unidos.

 

Los Sackler, la reservada familia de multimillonarios a la que señalan de beneficiarse con la crisis de opioides por la que se declaró emergencia de salud en Estados Unidos