17
Noviembre

ACNUR deplora ‘el alarmante’ número de asesinatos contra líderes indígenas en Colombia y reclama una protección adecuada para ellos. 

El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) William Spindler indicó el viernes que para la agencia de la ONU es “una preocupación creciente el aumento de asesinatos y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos y líderes comunitarios en la costa del Pacífico”, que en la mayoría de los casos, precisó, son indígenas o afrodescendientes.

De acuerdo con ACNUR, en el último año se han producido 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales, aunque se cree que podrían sumarse al menos otros trece casos que están actualmente bajo investigación. “De todas formas, es alarmante”, señaló.

“Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)”, afirmó Spindler en una rueda de prensa.

Spindler hizo referencia al caso de José Jair Cortés, líder afrodescendiente de la comunidad de Alto Mira y Frontera, en el departamento de Tumaco, que fue asesinado el pasado 17 de octubre, a pesar de que estaba bajo protección de las autoridades colombianas en ese momento por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.

Desde ese momento, otros siete han sido asesinados y muchísimos más amenazados, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Spindler atribuyó la escalada de violencia a la pugna que se ha desatado en los antiguos territorios de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre organizaciones criminales que quieren hacerse con sus negocios ilícitos, como el narcotráfico o la minería ilegal.

“Los retrasos y problemas en la implementación a nivel local de los principales puntos del acuerdo de paz, como la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, han incrementado la incertidumbre en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil”, explicó.

Por ello, solicitó al Gobierno colombiano “una protección adecuada de las poblaciones más afectadas”. Además, pidió medidas adicionales para garantizar la seguridad de estas comunidades, entre ellas mayor presencia policial y mejorar la red de telecomunicaciones para facilitar las denuncias.

03
Noviembre

El consumo de apenas dos latas de gaseosa a la semana es suficiente para incrementar el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, según un nuevo estudio científico publicado en la Revista de la Sociedad de Endocrinología. 

La investigación, liderada por el profesor Faadiel Essop de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), se basó en el análisis de 36 estudios académicos de la última década sobre la salud de personas que tomaron más de cinco bebidas azucaradas por semana.

En ese sentido, se encontró suficiente evidencia sobre el vínculo entre la ingesta de gaseosa con el aumento de peso, así como el desarrollo del síndrome metabólico y de diabetes tipo 2. Asimismo, el consumo excesivo de estas bebidas también está asociado con niveles peligrosos de grasas (triglicéridos) y azúcar en la sangre, como con la reducción del colesterol 'bueno', según recoge Daily Mail.

Una lata de Coca Cola de 354 mililitros contiene 149 calorías y 39 gramos de azúcar. Mientras que la dosis diaria de azúcar que un adulto promedio debería injerir es de 25 gramos. Es decir, que el consumo de una lata de esa bebida constituye el 156 % de la norma recomendada.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 19 millones de personas mueren cada año a causa de desórdenes cardiometabólicos, cuyo riesgo está directamente relacionado con factores dietarios.

El consumo de gaseosa "aumenta de manera estable entre todos los grupos etarios a nivel mundial", asegura el profesor Essop y agrega que los resultados de su estudio "demuestran que hay una clara necesidad de educación pública sobre los efectos nocivos acarreados por el consumo excesivo de bebidas azucaradas".

28
Octubre

La portavoz de la Cancillería rusa pide respetar el derecho internacional para que no haya eventuales guerras, que inciten al intervencionismo estadounidense.

“Hace tiempo que los países de América Latina y el Caribe dejaron de ser el ‘patio trasero’ de EE.UU.”, manifestó, María Zajárova.

En este contexto, argumentó que gracias al desarrollo económico, científico, financiero y político que muchos de los países latinoamericanos han desarrollando durante los últimos años, les ha permitido librarse del dominio estadounidense.

El desarrollo en todos sus aspectos ha propiciado a que muchos de estos países latinoamericanos no se les pueden tratar como si un hermano mayor se dirigiese a otros miembros de la familia menos desarrollados, subrayó la funcionaria rusa.

A su juicio, Latinoamérica ha tenido muchas oportunidades de “poner a Washington en su sitio sobre lo inapropiada que es su conducta respecto a América Latina”. Al tiempo que resalta que EE.UU. trata de ejercer presión contra los países latinoamericanos de la misma manera que lo hace en otras partes del mundo.

Zajárova sostuvo, asimismo, que cada Estado tiene sus objetivos, pero lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos Estados debería partir de reglas del juego comunes y, paralelamente, respetar los intereses nacionales.

Por ello, añadió que todos los actores deben respetar el derecho internacional en vez de saltárselo a la torrera y autoproclamarse Estados especiales, apuntando que esta es la única forma de, preservando los propios intereses, interactuar y evitar conflictos posteriores.

De las palabras de Zajárova se puede deducir que Moscú está rechazando claramente las intenciones estadounidenses de crear una nueva orden mundial favorable a los intereses de Washington, y, para ello, no duda en tratar de someter a cualquier pueblo, este donde este en cualquier rincón de la tierra.

Sin embargo, hay muchos países que se niegan a posesionarse bajo esta doctrina dominante, especialmente, las naciones que se hallan en la región latinoamericana.

27
Octubre

Unas 23.000 personas fallecieron en México durante el 2016 por la guerra del narcotráfico

 

CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre.- Ante el alza en los índices de violencia y en medio del debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, especialistas de diversos sectores coincidieron en la urgencia de cambiar el paradigma de la estrategia de seguridad.

Durante la inauguración de la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil”, el Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, insistió en que México atraviesa una crisis con más de 170 mil muertos y 30 mil desaparecidos.

“Es urgente cambiar la estrategia y el concepto mismo de estrategia que maneja la élite gobernante”, consideró, si es que el Estado pretende garantizar la seguridad de las personas y respetar sus derechos humanos.

“El respeto a los derechos fundamentales es parte esencial y no un obstáculo para construir la seguridad que se pretende”.

En tanto, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió que la situación de seguridad que enfrenta el País puede abrir la puerta a dos salidas muy distintas.

“Por un lado, los llamados a la continuidad de la actual política, reforzada con un enfoque aún más represivo, con mayor uso de la fuerza y ausencia de controles, dentro del marco de la política de seguridad desarrollada hace una década”, dijo.

“O, por otro lado, una revisión crítica de las políticas de seguridad vigente y consecuentemente el desarrollo de un paradigma alternativo, basado en el aspecto de derechos humanos y rendición de cuentas”, dijo el funcionario de la ONU.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, urgió a un debate amplio para diseñar un modelo de seguridad de corte ciudadano.

“Nadie regatea el relevante papel que han tenido en estas tareas las Fuerzas Armadas, pero no puede ignorase que en la experiencia comparada a nivel internacional indica que el modelo de seguridad más adecuado para la ciudadanía es aquel que descansa en pilares civiles”, manifestó.

Retrotrajo entonces el debate sobre la ley de seguridad interior, la cual, dijo, dejaría de lado la necesidad de fortalecer a las Policías, ya que la presencia militar ha representado un incentivo para que las autoridades municipales dejen las fuerzas federales resuelvan los problemas.

“Que las Fuerzas Armadas dejen de realizar súbitamente las labores que hoy desempeñan es a todas luces inviable, pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria”, mencionó.

Ernesto López Portillo, analista en temas de seguridad, pidió que las nuevas estrategias que se diseñen estén basadas en la experiencia.

Para el Rector Fernández la estrategia que se requiere debería tener como fundamento el incremento de la capacidad de investigación y no el despliegue de las fuerzas, además de que contemple el repliegue gradual de las Fuerzas Armadas y fomentar la rendición de cuentas.

Mientras que el representante de la ONU-DH estableció que el éxito se logrará con una fuerza policial o militar eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos.

 

 

País sin Ley

 

* México atraviesa por una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el futuro del país

 

* Está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin

 

* Consenso abrumador: la única forma de salvarlo es con instituciones sólidas / La realidad es desoladora: las tres Fiscalías que podrían combatir los problemas están descabezadas

 

CIUDAD DE MEXCIO, 26 de octubre.- El diagnóstico no deja lugar a dudas. México atraviesa por una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia; está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin. Todo ello en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el devenir del país. El consenso entre los especialistas es abrumador: la única forma de salvar al enfermo es con instituciones sólidas. La realidad sobre el tratamiento es desoladora: las tres fiscalías que podrían combatir estos problemas están descabezadas y la discusión sobre la futura fiscalía general, entrampada en la grilla política.

El presidente Enrique Peña Nieto se vanagloria de haber sido el mandatario que ha liderado las principales transformaciones del país: la Reforma Fiscal, Energética, de Telecomunicaciones… Hasta mediado el sexenio, todo eran vítores para él. La corrupción, que le han golpeado a él directamente o casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han lastrado el final de su mandato. La reforma de la justicia, la construcción del Estado de Derecho, acaso la principal necesidad del país, no se ha logrado y amenaza con convertirse en un arma electoral en las presidenciales de julio del 2018, uno de los principales temores de organizaciones de la sociedad civil.

“Todo el sistema de procuración de justicia está en una crisis nunca vista”, argumenta Luis Pérez de Acha. Este abogado y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el declive no es nuevo: “El modelo se ha ido descuidando gradualmente, no se puede pensar que surgió de la nada, son rezagos históricos”, aunque advierte que no todo está perdido: “De estas crisis vienen las fortalezas, es donde tienen que surgir nuevos y distintos escenarios”. En este sentido, esta semana, tres importantes instituciones – la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)- alertaron de la necesidad de poner en marcha una transformación inmediata del sistema. “Estamos ante un vacío no solo de quien encabeza algo, es más complejo, es un vacío institucional que a afecta a la legitimidad de los órganos del Estado”, completa José Roldán, profesor del CIDE.

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia –así se llama el estudio- fue encargado por la Procuraduría General de la República (PGR), donde precisamente radica uno de los problemas. Dependiente del poder Ejecutivo, es decir, del presidente -una rara avis-, no tiene quién la dirija desde que hace dos semanas renunciase al cargo Raúl Cervantes, cuando estaba a punto de cumplir su primer año de mandato. El subprocurador Alberto Elias, una persona de la confianza de Cervantes, se ha hecho cargo de manera interina de la PGR, sin que se atisbe el consenso suficiente entre los partidos políticos para lograr un sustituto de aquí a las elecciones.

Las tareas pendientes son ingentes. El ya exprocurador aseguró que estaba lista la investigación del ‘caso Odebrecht’ en México, que ya ha salpicado a una de las personas de confianza del presidente, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos. Además, se debe avanzar en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los presuntos casos de espionaje a periodistas y derechos humanos o la conocida como Estafa Maestra, por la que el Gobierno habría desviado 192 millones de dólares a través de empresas fantasma. Los procesos contra los exgobernadores detenidos son otros de los asuntos a acometer: de los 10 en marcha en el último año, solo dos cuentan con una ejecución de la sanción y en siete apenas se ha avanzado la investigación inicial, un 20% de todo el proceso.

La salida de Cervantes –criticado por su cercanía al gobernante PRI- parecía poder contribuir a avanzar en la creación de la fiscalía general, un órgano independiente de la presidencia, que los partidos políticos habían acordado tras la reforma política de 2014. Según avanzan los días, esto resulta cada vez más quimérico. Tanto Peña Nieto como el líder en todas las encuestas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que lo mejor es esperar a después de las elecciones para elegir un fiscal. El Frente Ciudadano por México, la amalgama creada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quiere convertirlo en una de sus principales armas electorales. El empuje de la sociedad civil es lo único que puede llevar al traste los intereses políticos. El futuro inquilino de la fiscalía general tendrá un poder omnímodo, con un mandato de nueve años y será además el encargado de designar al fiscal anticorrupción, otra de las vacantes del Estado mexicano, que sí cuenta en el papel, desde abril, con una Fiscalía Anticorrupción. Sin nadie que la dirija, claro.

El vacío de justicia se ha agudizado tras la destitución de Santiago Nieto, fiscal especializado en delitos electorales, después de denunciar presiones de Emilio Lozoya. Los partidos de oposición tratan de restituirlo en el cargo, mientras el PRI maniobra para lo contrario. De salirse con la suya el tricolor, la fiscalía encargada de investigar los desmanes políticos quedaría descabezada en pleno año electoral. Como en el caso de la PGR, el nombramiento de un nuevo titular se antoja complicado, pues requiere del consenso de dos tercios del Senado. “Los sistemas de designación y restitución están construidos a partir de la desconfianza que se tienen los partidos políticos. Los nombramientos requieren de mayorías y eso genera una especie de autosabotaje”, opina José Roldán, quien advierte de una macabra paradoja: “En el momento en que más se necesita personal cualificado, las instituciones estarían dirigidas por funcionarios de segundo nivel”.

(EL PAIS)