05
Abril

Si algo hay que reconocer con justicia en la funesta trayectoria de la OEA como, “Ministerio de Colonias”, es su apego a la forma. Sus resoluciones podían ser las más obsecuentes con los dictados del Imperio, pero siempre eran presentadas en un marco de irrelevante dignidad e independencia.

Sin embargo, a juzgar por la última maniobra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, la era Trump pone punto final a la hipócrita “hoja de parra” usada por la organización durante décadas para ocultar su degradación moral y política.

En efecto, 20 países convocaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA, desconociendo al embajador boliviano, Diego Pary, que desde el pasado sábado ocupa la presidencia de la organización. “Este consejo es ilegal y lo que se ha hecho en la OEA, es un golpe institucional”, denunció el diplomático boliviano tras suspender la sesión por considerar que había sido convocada de manera inconsulta con su cancillería.

Sin embargo, las delegaciones rebeldes que tenían la intención de discutir la aplicación o no de la Carta Democrática en contra de Venezuela, abrieron el debate sin la presencia de las delegaciones de Bolivia y Haití, que ostentan la presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente respectivamente.

En insólita muestra de “golpismo institucional” el representante de Honduras suplantó al embajador de Bolivia, mientras la canciller argentina se arrogó la representatividad de los países del Mercosur no presentes y propuso que la OEA acompañe el proceso de “restauración del orden democrático en Venezuela”.

Pese a la ilegalidad de la sesión, los países que la convocaron decidieron efectuarla para aprobar una resolución contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por considerar que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), “constituyen una violación del orden constitucional”, ignorando la rápida solución brindada por el Consejo de Defensa de la Nación, según establece la Constitución, después que la propia Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunciara valientemente sus inquietudes sobre el fallo del TSJ.

Lo que pudo ser destacado y apoyado por la OEA como una soberana solución a una diferencia entre Poderes Públicos, algo que sólo compete como asunto interno al gobierno venezolano, fue olímpicamente desconocido por el rebaño de países comprometidos con el pastor norteño, aun cuando desaparecido el impasse, el debate y la injerencista resolución aprobada carece de sentido.

Sin embargo, ninguno de estos campeones de la democracia han reparado en el llamamiento realizado por los diputados opositores en la Asamblea Nacional, para que organismos internacionales y otros países intervengan en los asuntos internos venezolanos y apliquen sanciones contra Venezuela, lo que constituye un acto de Traición a la Patria, tipificado en el Código Penal Venezolano.

Con la violación de la tradicional “forma” de proceder la OEA, exabrupto que sugiere la influencia de la ultraderecha norteña, la organización muestra su patética desnudez. “Señores, están destruyendo el principio de relacionamiento de los Estados en este hemisferio, y esto es tan patente en todo el mundo que de aquí en adelante difícilmente alguien podrá creer que ustedes están haciendo con intención de ayudar”, declaró, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela en la OEA, tras acusar a EU de presionar de manera coercitiva a varios países de la región para actuar contra Venezuela.

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